El subsecretario de Justicia, Marcelo Albornoz, anunció la ampliación e institucionalización del programa Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) para transformarlo en una política pública que deberá quedar estructurada en la presente administración.

Los TTD que hoy funcionan en 10 regiones -Arica y Parinacota; Tarapacá; Antofagasta; Coquimbo; Valparaíso; Metropolitana; O’Higgins; Maule; Biobío y La Araucanía- buscan rehabilitar a personas con consumo problemático de drogas que por primera vez cometen delitos y cuyas condenas no sobrepasen los tres años y un día.

Como principal argumento para fortalecer e institucionalizar este programa, el subsecretario Albornoz apuntó a que la reincidencia de los usuarios que pasaron por el programa se redujo de 50% a 25%.

“En ese sentido es una justicia sanadora, rehabilitadora y que permite la reinserción de las personas con consumo de drogas que cometen delitos, una de nuestras prioridades como Gobierno. Las personas que han pasado por TTD en el país han demostrado que es un instancia y un instrumento altamente potente y eficaz”, explicó el subsecretario.

Albornoz hizo este anuncio tras la reunión sostenida con la directora de Senda, Lidia Amarales, y la directora ejecutiva de Paz Ciudadana, Catalina Mertz, dos de los actores fundamentales en la implementación de esta fórmula, en la que también participan el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el propio Ministerio de Justicia.

De acuerdo a Amarales, la importancia de los TTD no sólo está basada en una perspectiva de seguridad ciudadana sino que también en una dimensión que involucra temas de salud pública y de derechos humanos.

“Los inicios del consumo de drogas tienen que ver con situaciones biopsicosociales, por lo tanto, si miramos la asociación de drogas y delito desde ese punto de vista y le damos a estas personas un tratamiento,  podremos hacer cambios para que el delito no sea parte de la trayectoria que estas personas tienen cuando inician el consumo”, comentó.

Para Catalina Mertz, máxima autoridad de la fundación que importó de Estados Unidos el modelo de los TTD, contar con un marco normativo posibilitará “resolver varios nudos críticos que nos permitirán abordar perfiles de usuarios un poco más difíciles que son justamente los que más se beneficiarían con un programa de esta naturaleza”.

Según datos entregados por Albornoz, de las 2.800 condenas de 2013, un 60% tuvo una relación directa o indirecta en el consumo de drogas.

Actualmente, el sistema funciona con un filtro jurídico y otro médico, que permite a quienes son seleccionados como aptos para acogerse al programa la suspensión condicional del procedimiento por el delito imputado hasta que se termine el tratamiento.

Quienes se rehabiliten de su adicción, además, son beneficiados con el sobreseimiento definitivo de la causa y se eliminan sus antecedentes.

A fines de enero, el subsecretario de Justicia se reunirá con todos los actores involucrados en el programa de los TTD para seguir afinando detalles del manual de procedimientos, así como también se trabajará paralelamente en la elaboración del proyecto de ley que busca institucionalizar este programa.

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