El Director Nacional de SENDA, Carlos Charme, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott y la Directora (S) del Instituto de Salud Pública (ISP), Dra. María Judith Mora, se reunieron este miércoles, para sellar la elaboración de un estudio que analizará la potencia de la marihuana decomisada en nuestro país.
En total serán 480 muestras de marihuana que serán entregadas por el Ministerio Público para que el ISP estudie los porcentajes de los tres principales componentes, los delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), el cannabidiol (CBD) y el cannabinol (CBN). La firma contempla el financiamiento de este análisis que será responsabilidad de SENDA.
Respecto a la importancia de los resultados que saldrán de este estudio, el Director Nacional de SENDA, Carlos Charme, señaló que “necesitamos saber con certeza qué es lo que están consumiendo nuestros jóvenes, porque la experiencia internacional revela que la marihuana de hoy no es la misma que hace 20 años, la de ahora tiene una concentración mucho más alta de THC, el componente altera la percepción, modifica el estado de ánimo, daña el desarrollo cerebral y genera dependencia”.
En Estado Unidos hace décadas realizan estudios similares con dosis incautadas por la policía especializada. En ese país, para el año 1995 los niveles de THC llegaban a un 4%, mientras que para el 2014 el compuesto psicoactivo subió a un 12%.
“Suscribir este convenio hace que tres importantes instituciones del Estado hagan su trabajo de manera conjunta, eso habla de un Estado que está preocupado y al servicio de la ciudadanía. Para nosotros es de particular importancia tener claridad de lo que están consumiendo los chilenos, sabiendo su potencia y la profundidad del daño que causa la marihuana”, recalcó el Fiscal Nacional Jorge Abbott.
La confirmación de este estudio, sellado con la firma del convenio tripartito, además tiene fundamento en el alarmante aumento de ingresos de jóvenes a tratamiento por consumo abusivo de marihuana. En los centros de rehabilitación de SENDA, en 2015 686 adolescentes entraron a tratamiento por esta sustancia como principal causa, en 2018 esa cifra llegó a 1038 menores de edad.
“Con el resultado del estudio se contará con evidencia científica de la realidad nacional, la que servirá para apoyar la generación de políticas públicas de prevención y conocer los riesgos de salud tanto físico como mental de quienes consumen estas sustancias”, explicó Judith Mora, Directora (s) del ISP.
El convenio que pondrá en marcha el estudio tendrá una vigencia de 13 meses, comenzando desde agosto próximo.
